Protegiendo el acceso a la salud para nuestra población
“By preventing illness, by assuring access to needed community and personal health services, by promoting medical research, and by protecting our people against the loss caused by sickness, we shall strengthen our national health, our national defense, and our economic productivity”.Con estas palabras, el Presidente Harry S. Truman resumió su petición de reforma de salud al Congreso en el año 1945, palabras que aún siguen vigentes en 2013.
Y es que el acceso universal (ausencia de obstáculos económicos, geográficos, culturales y burocráticos) a servicios de cuidado de salud debe ser la meta suprema de un sistema de salud. Cada país tiene la responsabilidad y su propia manera de concebir, diseñar, gestionar y financiar su propio sistema de salud. No existe un sistema ideal. Es por eso, que el acceso universal viene primero.
En Puerto Rico tenemos la obligación moral de proveer acceso al cuidado de la salud de todos los habitantes y así garantizar el derecho a la salud. No hablamos necesariamente del acceso a una tarjeta de seguro médico, sino del acceso oportuno a los servicios que requiere la persona. En Puerto Rico, en un momento histórico se fundó, en 1942, La Cruz Azul de Puerto Rico como primer plan médico prepago y para cumplir con el objetivo de equidad, la opción más conveniente fue la de incorporar paulatinamente a la población a un esquema de aseguramiento.
El hecho de que el acceso al cuidado de salud esté garantizado por la participación en un seguro médico podría permitir financiar los mismos servicios para personas con las mismas necesidades de salud y la misma calidad, independientemente de su nivel de ingresos. Esto sería equidad, “trato igual a iguales.” Sin embargo, este esquema puede resultar en personas subaseguradas y, en otros casos, en “coverage without care” (Marcia Angelis). Por esto, se debe recurrir a otros mecanismos para atender estas deficiencias. Se necesita una visión integral orientada a asegurar el acceso universal, las fuentes de financiamiento, la reglamentación de cada uno de los componentes y la coordinación entre los distintos participantes.
Implementado el acceso universal, debemos asegurarnos de que el modelo de prestación de servicios sea integrado sobre una base de educación, promoción y prevención, que además esté centrado en la atención individual a la persona y de que tenga incentivos para el desempeño del personal en función de la atención a la persona.
Debemos renovar el “Contrato Social” con una política social. Es necesario lograr un acuerdo institucional de defender la salud de la población que prevalezca sobre los intereses particulares. El logro de las metas de salud tendrá un impacto positivo en nuestro crecimiento económico y en la reducción de la pobreza.